La FETRACOM, en su condición de organización nacional de entidades y trabajadores de la comunicación que actúan en el orden local, provincial y regional en todo el país, expresa su profunda preocupación ante anuncios, actitudes y algunos llamativos silencios que, en el campo de las políticas públicas de la radiodifusión, podrían representar la continuidad de un proceso iniciado durante la última dictadura militar.
Nos referimos a la postergación de la discusión, análisis y tratamiento de una nueva Ley de Radiodifusión, en la que participen los principales generadores y productores de los contenidos y mensajes de los medios: los trabajadores de la comunicación y la cultura.
Nos referimos a la inquietante posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional elimine el decreto, promovido por el gobierno de Eduardo Dhualde, en el que se dispone el otorgamiento de frecuencias de radio y TV a municipios y provincias para el desarrollo de nuevos medios públicos de comunicación.
Nos referimos a la incomprensible falta de resolución oficial que acompañe, con la derogación efectiva, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45 de la ley 22.285, dada a conocer recientemente por la Corte Suprema de Justicia, y que permite a las organizaciones sociales (cooperativas, mutuales, ONG, etc) acceder a frecuencias radiales.
Para la FETRACOM es inaceptable que resoluciones o discusiones de leyes relacionadas con la comunicación, que afectan a miles de trabajadores de prensa y millones de habitantes de la Argentina, las tomen algunos funcionarios y empresarios encerrados entre cuatro paredes.
QUE NADIE SE HAGA EL DISTRAIDO: DE LA DISCUSIÓN SOBRE QUÉ COMUNICACIÓN Y QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUEREMOS PARA NUESTRO PAÍS DEBEN PARTICIPAR TODAS LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJADORES. DEBE PARTICIPAR LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
Una ley de la dictadura.
La Ley de Radiodifusión, dictada en 1980, ha merecido la condena de todos los sectores políticos, siendo numerosos los proyectos legislativos presentados durante un cuarto de siglo. La única modificación realizada en ese lapso estuvo destinada a favorecer la ultraconcentración de los medios de comunicación.
La vigencia de la 22.285, ley de la dictadura militar, es una muestra concreta de las presiones que han ejercido en los últimas décadas los monopolios de la comunicación.La postergación de un debate serio, profundo y democrático en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión, sin la participación de los trabajadores y sus organizaciones, tiene hoy graves consecuencias. La primera de ellas: la preeminencia de intereses privados por encima del interés público.En segundo lugar, la previsible repetición de medidas represivas contra quienes desarrollan sus labores profesionales en emisoras comunitarias y alternativas.En esa perspectiva se inscriben la reaparición del conocido proyecto de penalización de los radiodifusores de unas cinco mil emisoras, en las que desarrollan sus tareas más de 50.000 trabajadores, y el proyecto de establecer una prórroga, por diez años más, de las licencias que actualmente están en manos de multimedios.
La FETRACOM se pronuncia a favor del desarrollo, fortalecimiento y otorgamiento de licencias de las emisoras AM y FM que emiten diariamente en ciudades, pueblos, municipios y provincias de todo el país.
La FETRACOM reitera su determinación de impulsar el amplio acceso al espectro comunicacional de todas las organizaciones de gestión social
¿UN PASO ATRÁS?
La posibilidad de que sea anulada la decisión de otorgar a gobiernos municipales y provinciales el usufructo de frecuencias para poner en el aire nuevos medios públicos de comunicación, aprobada antes de la asunción del actual gobierno nacional, es una gran preocupación de los trabajadores de la comunicación.
El desarrollo de esos medios implica un intento de federalización largamente postergada, y está acorde con la expectativa de abrir nuevas fuentes de empleo para los trabajadores de nuestro ámbito.
Negar a las provincias el derecho que ya ejerce el Estado Nacional, implica,cuanto menos, una irritante discriminación. Cerrar el camino a la apertura de fuentes de trabajo de muchísimos miles de periodistas, productores, técnicos, empleados administrativos en un momento en el cual la sociedad reclama políticas de fomento del empleo, resulta una incongruencia que esperamos y reclamamos que no sea llevada a cabo.
No dar más vueltas: hay que derogar el artículo 45 de la ley 22.285
Al mismo predominio monopólico que impide modificar la Ley de Radiodifusión y pretende impedir la aparición de nuevos medios públicos, responden en estos días, las presiones para que el Poder Ejecutivo no convierta la inconstitucionalidad del Art. 45 de la ley 22.285, establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una política del gobierno, es decir, que proceda a su derogación
La FETRACOM destaca que dictar o no esta resolución será la señal de la voluntad política oficial de abrir o no la radiodifusión a las organizaciones sociales.
Queremos nuevos medios públicos, pluralistas y con participación activa de los trabajadores de la comunicación y la cultura.
Queremos que se continúen desarrollando y consolidando las radios comunitarias.
Queremos que las cooperativas, mutuales, las organizaciones culturales, sociales, gremiales y estudiantiles puedan acceder libremente a tener una frecuencia de emisoras AM o FM.
Apoyamos el fortalecimiento de los pequeños y medianos medios locales o regionales, que expresan una rica diversidad cultural y social y que construyen cotidianamente una comunicación y una cultura por fuera de los monopolios comunicacionales.
La FETRACOM asume la defensa del trabajo periodístico, del trabajo en los diversos medios de comunicación, como condición necesaria para que el Derecho a la Información sea respetado como lo que es: UN DERECHO HUMANO.
Que nadie se haga el distraído: Los trabajadores de la comunicación no vamos a ser invitados de piedra en la discusión sobre qué comunicación queremos para nuestro país.
Un Mundo Mejor es Posible,
Una Cultura Mejor es Posible,
Una Comunicación Mejor es Posible.
3 de noviembre de 2003
NOTÍCIAS - Argentina
